Corte Penal Internacional declara que, la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, busca perjudicar su labor judicial independiente e imparcial. Según la orden, el gobierno estadounidense impondrá consecuencias tangibles y significativas a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha condenado este viernes la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones punitivas, replicando que la orden busca “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”.
El Tribunal se creó en virtud del Estatuto de Roma, negociado en el seno de la ONU, pero es un tribunal totalmente independiente creado para juzgar los crímenes más graves, incluidos los de lesa humanidad.
Según la orden ejecutiva del jueves, el gobierno estadounidense “impondrá consecuencias tangibles y significativas” a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
Órdenes de detención
La directiva sigue la decisión de los jueces de la CPI de dictar en noviembre órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, en las que se les acusa de presuntos crímenes de guerra en relación con el desarrollo de la guerra contra Hamás en Gaza.
La CPI también emitió una orden de detención contra un antiguo comandante de Hamás, Mohammed Deif.
Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI. Hay 125 Estados partes en el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002.
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La orden ejecutiva estadounidense afirma que las acciones de la CPI contra Israel y las investigaciones preliminares contra Estados Unidos “sientan un precedente peligroso, que pone directamente en peligro al personal actual y anterior”.
La orden detalla posibles sanciones, entre ellas el bloqueo de propiedades y bienes de los funcionarios de la CPI y la prohibición de entrada en Estados Unidos para ellos y sus familias.
Un intento de imponer sanciones a la CPI por parte del Congreso de Estados Unidos en enero, antes del cambio de administración, no obtuvo suficiente apoyo en el Senado.
