Washington y Nueva York.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó formalmente al Congreso que el país se encuentra en un “conflicto armado activo” contra los principales cárteles de droga “a través del hemisferio occidental”, lo que incluye a México.
La medida, reportada primero por The New York Times, expande de forma inédita las facultades del Ejecutivo para emplear a las fuerzas armadas en operaciones contra organizaciones designadas como terroristas, incluso fuera del territorio estadounidense.
Expertos en seguridad y derecho internacional advirtieron que la decisión otorga al presidente poder para ordenar acciones militares en cualquier lugar del mundo, detener personas sin cargos de forma indefinida o autorizar ejecuciones de presuntos “enemigos” sin que representen una amenaza inmediata a Estados Unidos.
Adam Isacson, director sobre asuntos militares de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló que el anuncio “convierte potencialmente a todo país productor o de tránsito de drogas, como México, en un posible teatro de batalla”.
Por su parte, Geoffrey S. Corn, exasesor legal del Ejército de Estados Unidos, calificó la notificación como “un abuso” y agregó que “esto no es estirar el sobre, esto es deshacerlo”.
La notificación surge tras una serie de ataques con drones de la Marina estadounidense contra embarcaciones venezolanas en el Caribe, que el gobierno aseguró –sin presentar pruebas públicas– transportaban drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Sin embargo, la DEA ha reportado que la mayoría de los narcóticos ingresan por el Pacífico, no por el Caribe.
El senador demócrata Jack Reed, miembro del Comité de Fuerzas Armadas, criticó que el gobierno “no ha ofrecido ninguna justificación legal creíble ni pruebas” para estas acciones.
Analistas como Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado, señalaron que la Casa Blanca intenta aplicar el mismo marco legal invocado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 para justificar operaciones militares globales bajo la “guerra contra el terrorismo”.
No obstante, expertos en narcotráfico han insistido ante el Congreso que los cárteles son organizaciones criminales con fines comerciales, no terroristas, por lo que su combate debería tratarse como un asunto de regulación y control de mercados, no como un conflicto bélico.
