La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) propuso reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reconocer los derechos digitales y el concepto de ciudadanía digital.
En un comunicado argumentó que actualmente la sociedad se relaciona día con día por diversos medios, dentro de los cuales se encuentra el medio digital, particularmente el internet, fenómeno que tuvo su auge durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Refirió que, de acuerdo con el Inegi, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en México hay 84.1 millones de personas usuarias de internet, es decir, 72 por ciento de la población a 2020, y entre las principales actividades que realizan se encuentra comunicarse, búsqueda de información y acceso a redes sociales.
Chavira de la Rosa advirtió que hay una brecha digital en México que debe acortarse, se encuentra en diversos niveles y el Estado se encuentra trabajando por reducir. “Una de las áreas de trabajo donde el pleno ejercicio de derechos y la reducción de la brecha digital puede ejecutarse, es el pleno reconocimiento del derecho a la ciudadanía digital”.
La diputada señaló que un precedente legislativo en materia, es la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el 2020 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, que define el término ciudadanía digital como la “condición que identifica a una persona a través de medios digitales para realizar trámites, servicios, así como actos jurídicos y administrativos a cargo de la administración pública y las alcaldías de Ciudad de México”.
Aseveró que en el marco del reconocimiento del acceso a internet con enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso al mismo, “se necesita considerar la modernización del Estado y la interacción que tiene con las y los ciudadanos”.
La iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. 6o., 35 y 73 de la Constitución Política establece que el Estado garantizará, además del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, y banda ancha e internet, a la digitalización de todo acto administrativo que derive del ejercicio de sus facultades, procurando una base de datos con niveles de acceso diferenciados, que garantice, en la medida de lo posible, una tramitología digital y eficaz.
