Un día de diciembre de 2013, cuando Yonathan Mendoza Berrospe tenía 17 años y se encontraba en la casa donde vivía con su familia en la ciudad de Veracruz, en la costa del Golfo de México, un grupo de seis hombres entró violentamente en su domicilio y lo golpeó y esposó antes de subirlo a una camioneta negra.
Los hombres portaban armas de fuego largas y cortas, pasamontañas, botas de policía y chalecos antibalas con la palabra «policía» en la parte delantera y trasera. Fuera de la casa, otra docena de hombres esperaba, en lo que parecía ser una operación de seguridad.
Los testigos declararon que los agresores llegaron y se fueron en varios vehículos; algunos de los cuales pertenecían a la Policía Naval, dependiente de la Secretaría de Marina, y otros a la Policía Estatal de Veracruz.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas afirmó este jueves que el Estado mexicano incumplió su obligación de llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de este abuso pese a haber recibido oportunamente la denuncia de su familia.
En su primera decisión sobre una denuncia individual contra México, el ente especializado argumentó que el Estado tenía pruebas suficientes de la participación de algunos de sus agentes, por lo que tenía la obligación de probar, mediante una investigación rápida que la desaparición no sucedió con su autorización o aquiescencia.
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A falta de dicha investigación, el Comité concluyó que la víctima había sido objeto de una desaparición forzada.
Uno de los integrantes del Comité destacó la importancia de esta decisión, explicando que establece y concreta por primera vez los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia.
