El Gobierno de México presentó ayer el escrito de apelación en contra de la sentencia emitida por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts. En esa resolución de primera instancia, el juez federal determinó que una ley de inmunidades en Estados Unidos protege a las empresas manufactureras de armas en ese país aun cuando sus conductas causen un daño en México.
En agosto de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil por daños en contra de empresas que fabrican armas en Estados Unidos, que por su descuido y negligencia facilitan activamente que sean traficadas a territorio mexicano.
Este litigio se detuvo cuando el juez de primera instancia determinó que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) sí protegía a las empresas demandadas aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano. La apelación fue presentada en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts. Con este recurso, México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos cuando hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano.
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Esta apelación es parte del calendario procesal previsto cuando el Gobierno de México presentó su demanda en contra de empresas estadounidenses de armas en Boston, Massachusetts, en agosto de 2021. Como se recordará, el juez de Distrito resolvió que no daría curso a la demanda hasta septiembre de 2022. Desde el 26 de octubre de 2022, fecha en la que se realizó la solicitud de apelación, el Gobierno de México ha estado ahondando los argumentos legales con el fin de que el procedimiento judicial persista.
El 10 de octubre de 2022 se presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de tiendas que comercian de manera negligente. Adicionalmente, el 11 de noviembre de 2022, México solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva con relación al comercio de armas y su impacto en los derechos humanos.
Con todas estas aristas, desde el ámbito jurídico, el Gobierno de México busca involucrar a un actor que hasta ahora no estaba contemplado en la lucha contra el tráfico de armas: las empresas. Existe una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas que desemboca en la violencia en México, así como en otros delitos como son el tráfico de personas y de drogas, en particular, del fentanilo.
En caso de que el recurso de apelación favorezca a México, se reanudaría el proceso iniciado en Boston en contra de las empresas manufactureras de armas por el uso de sus productos y daños ocasionados a la población mexicana.
