Rhode Island.— Una coalición de fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, junto con Washington D.C., presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump por condicionar la entrega de cientos de millones de dólares destinados a programas de apoyo a víctimas de delitos a que los estados cooperen obligatoriamente con las políticas federales de control migratorio.
La acción legal, encabezada por fiscales demócratas de entidades como California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey y Rhode Island, busca impedir que el Departamento de Justicia imponga requisitos adicionales a los fondos establecidos en la Ley de Víctimas de Delitos, que cada año otorga más de mil millones de dólares en beneficios a cerca de 10 millones de personas.
De acuerdo con la demanda, las condiciones fijadas por la fiscal general Pam Bondi exceden la autoridad constitucional y administrativa, al exigir que las jurisdicciones permitan acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a instalaciones estatales y avisen con anticipación sobre la liberación de personas perseguidas por su estatus migratorio.
El conflicto ocurre en el marco de una ofensiva antimigrante de la Casa Blanca. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) anunció que ampliará la revisión de redes sociales de solicitantes de residencia o ciudadanía para identificar publicaciones consideradas “antiestadunidenses”. Según Matthew Tragesser, vocero de la dependencia, vivir y trabajar en Estados Unidos “es un privilegio, no un derecho”.
En paralelo, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, informó que el nuevo muro fronterizo será pintado de negro para que el sol lo caliente y resulte “más difícil de escalar”, tal como instruyó el presidente Trump.
La postura ha generado reacciones en varias ciudades. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, advirtió que su administración “no dará marcha atrás en lo que somos y lo que representamos”, pese al ultimátum de la Casa Blanca para que las jurisdicciones cumplieran con la política migratoria.
Mientras tanto, organizaciones civiles reforzaron su resistencia. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos pidió a la cadena Home Depot negar el acceso a agentes del ICE sin orden judicial, y la agrupación Unión del Barrio capacitó a maestros para apoyar a estudiantes y familias frente a posibles operativos migratorios en las escuelas.
