Washington, D.C., 30 de marzo de 2025 — Una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que impone drásticos cambios al registro de votantes y al voto por correo ha generado una ola de reacciones legales y políticas, con expertos, fiscales generales y funcionarios estatales advirtiendo que la medida es inconstitucional y excede las facultades del Poder Ejecutivo.
La orden, firmada el martes, exige que todas las boletas por correo sean devueltas a más tardar el día de la elección, y que los votantes presenten prueba documental de ciudadanía para poder registrarse. Además, amenaza con retener fondos federales a los estados que no cumplan con las nuevas disposiciones.
Rechazo legal y constitucional
Diversos expertos en derecho electoral señalaron que la orden invade facultades que la Constitución de Estados Unidos reserva a los estados y al Congreso. Según el Artículo I, Sección 4 de la Carta Magna, los estados son quienes determinan el “tiempo, lugar y manera” en que se celebran las elecciones, y solo el Congreso tiene la autoridad para alterar esas reglas, no el presidente.
“El presidente no puede establecer órdenes ejecutivas que afecten a los estados de un plumazo. No es rey”, dijo David Becker, exabogado del Departamento de Justicia y director del Centro para la Innovación e Investigación Electoral.
Anuncian acciones legales
La secretaria de gobierno de Colorado, Jena Griswold, calificó la orden de “ilegal”, mientras que el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin, anticipó que varios estados impugnarán judicialmente el decreto presidencial.
Organizaciones como la ACLU, el Brennan Center, Campaign Legal Center y Common Cause están evaluando demandas, mientras que el abogado demócrata Marc Elias aseguró en redes sociales: “Demandaremos”.
Riesgos de supresión del voto
Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de prueba de ciudadanía, que podría impedir votar a millones de estadounidenses que no cuentan con documentos inmediatos, especialmente mujeres que han cambiado su apellido tras casarse.
“Esto conlleva el riesgo de excluir a votantes elegibles y fomentar la intimidación y la supresión del voto”, alertó Xavier Persad, de la ACLU.
La orden también otorga poderes de citación al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Eficiencia Gubernamental, dirigida por Elon Musk, para acceder a listas estatales de votantes y verificar ciudadanía, lo que podría generar nuevas controversias sobre privacidad y uso de datos personales.
Conflicto con la Comisión de Asistencia Electoral
Trump también ordenó a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) —una agencia independiente creada por el Congreso— que modifique sus formularios y guías técnicas, y retire la certificación a los sistemas de votación que no cumplan los nuevos estándares.
“El presidente no tiene autoridad para dictar a la EAC lo que debe hacer”, aclaró Jonathan Diaz, del Centro Legal de Campaña.
Ecos de acciones previas
La medida revoca una orden ejecutiva emitida en 2021 por el expresidente Joe Biden que pedía a las agencias federales facilitar el acceso al voto. Trump, por su parte, afirma falsamente que el fraude electoral es generalizado y ha reiterado que buscará más acciones ejecutivas en las próximas semanas.
Aunque algunos republicanos celebraron la orden, como el secretario de gobierno de Kansas, Scott Schwab, muchos funcionarios estatales —especialmente en estados que votan completamente por correo, como Washington— ven la medida como una amenaza directa a la estructura electoral descentralizada del país.
“Durante generaciones, los sistemas de votación han sido competencia de los estados y los condados”, concluyó Nick Brown, fiscal general del estado de Washington. “No creo que ningún abogado serio que lo mire piense que esta orden es legal”.
