El Comité especializado en discriminación racial emitió una serie de recomendaciones al país sudamericano sobre una amplia gama de aspectos relacionados con ese flagelo.
Ecuador debe asegurarse de que las normas que regulan el estado de excepción que impera en el país desde hace más de siete meses cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidos los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y estén sujetas a revisión judicial, apuntó este viernes el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
En sus observaciones finales sobre el más reciente informe periódico de Ecuador, el Comité se refirió al estado de excepción que el gobierno ecuatoriano ha impuesto argumentando que se debe a disturbios internos “anticonstitucionales”.
El Comité reconoció los desafíos de seguridad y violencia que enfrenta el país; sin embargo, lamentó la falta de información sobre las medidas adoptadas para cumplir con los dictámenes de la Corte Constitucional que han observado la falta de justificación de hechos que desborden los mecanismos constitucionales ordinarios y justifiquen la declaratoria de estado de excepción.
Además, expresó preocupación por los informes sobre las repercusiones de los estados de excepción y la militarización de la seguridad pública en los derechos y libertades fundamentales, especialmente en el caso de los pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente, el pueblo montubio y las personas migrantes.
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En este sentido, el Comité instó a Ecuador a garantizar que las medidas adoptadas para enfrentar los problemas de seguridad y violencia den prioridad a la prevención, la investigación y las sanciones desde un enfoque de derechos humanos.
También le pidió que las tareas de mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana sean realizadas por cuerpos policiales civiles y que sólo cuando sea absolutamente necesario pasen al ejército de forma excepcional, temporal y complementaria, como lo establecen los estándares internacionales.
Asimismo, recordó la importancia de la rendición de cuentas cuando haya denuncias de abusos y violencia atribuibles a las fuerzas armadas.
