La Comisión de Economía aprobó un dictamen para solicitar a la PROFECO un programa de verificación y atención de reclamaciones durante noviembre y diciembre de 2022, así como en enero de 2023, en los principales puntos de venta de supermercados, tiendas departamentales y plazas comerciales, a fin de proteger los derechos de los consumidores.
En su reunión del pasado 26 de octubre, este órgano legislativo, que preside el senador Juan Moya Clemente, pidió a la titular de la Secretaría de Economía que, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, incentive la incorporación de los proveedores a “Concilianet” y se optimice la resolución de conflictos a través de dicha plataforma.
Además, hizo un llamado a la PROFECO para que realice un monitoreo continuo en los comercios, a través del programa “Quién es quién en los precios”, sobre los productos de alto consumo durante los meses de noviembre y diciembre del 2022, así como de enero del 2023, para verificar que las ofertas sean reales.
Las y los senadores recordaron que el año pasado, la Procuraduría habilitó la herramienta digital “Quién es Quién en los precios para el Buen Fin 2021”, en la que se podían consultar los precios y costos de más de 450 productos: equipos de cómputo, electrónica, videojuegos, telefonía y electrodomésticos, entre otros.
Lo anterior, con objeto de recopilar información de semanas anteriores y que el consumidor pudiera realizar un comparativo respecto a los precios durante el periodo de “El Buen Fin” y, en su caso, denunciar ofertas falsas.
“Al analizarse el éxito no sólo del evento, sino del programa de verificación llevado a cabo por la PROFECO en el año pasado, se considera relevante que dicho programa de monitoreo, vigilancia y atención de reclamaciones se fortalezca aún más este año y se extienda a los meses de noviembre y diciembre e, incluso, se contemple las dos primeras semana enero de 2023”.
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Sobre todo, se señala en el documento aprobado, si se toma en cuenta que los elevados índices de inflación y las altas tasas de interés hacen que el porcentaje del ingreso destinado a la adquisición de dichos bienes y servicios sea mayor en las familias de menores ingresos y, en consecuencia, la pérdida en caso de violaciones a sus derechos sea mucho mayor.
“En los siguientes meses se incrementarán las operaciones comerciales, pues la iniciativa privada ha desarrollado una serie de programas de consumo, con descuentos pensados en atraer un mercado que se prepara para realizar compras con motivo de las fiestas que tendrán lugar en los meses de noviembre, diciembre y enero”.
Por ello, las y los integrantes de la Comisión de Economía consideraron que los esfuerzos de la Procuraduría no sólo deberían enfocarse en “El Buen Fin 2022”, sino que podrían mantenerse durante los meses de noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023, debido a que son estos los meses en los que más compras se hacen.
“En consecuencia, son estos meses en los que la población requiere en mayor medida de la intervención de las autoridades para prevenir abusos y violaciones en contra de los derechos de los consumidores”, enfatizaron.
