El Pleno de la Cámara de Senadores inició el análisis del dictamen que reforma la Constitución Política, a fin de fortalecer las capacidades del Estado en áreas de carácter estratégico como el sector energético, el servicio de Internet y el aprovechamiento del litio.
El proyecto de decreto modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, con el objetivo de garantizar seguridad y autosuficiencia energética, y proveer al pueblo de México de electricidad al menor precio posible.
Par ello, se elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.
Además, precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.
Dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, expresó que el proyecto busca asegurar servicios públicos, baratos, accesibles y de calidad, así como devolverle al Estado mexicano el control estratégico sobre la producción energética.
De esta forma, el litio, la electricidad, los hidrocarburos y el Internet no serán objeto de especulación y acaparamiento por intereses privados, sino bienes y recursos al servicio del desarrollo nacional, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, afirmó que esta reforma es un paso firme para la consolidación de un Estado constitucional de bienestar, y para el fortalecimiento de la soberanía energética de México, al priorizar el control estatal sobre recursos estratégicos como el litio, la electricidad y el Internet.
Inzunza Cázarez especificó que, con este cambio, el Estado queda a cargo de la transición energética, comprometiéndose con ello a utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo, cuando México es uno de los países con mayores emisiones de dióxido de carbono en América Latina.
Además, la senadora de Acción Nacional, Susana Zatarain García, presentó una moción para suspender la discusión del dictamen, pero fue rechazada con 71 votos en contra y 35 a favor.
Posteriormente, las y los senadores pasaron a la presentación de 32 votos particulares que registraron los diferentes grupos parlamentarios.
