La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Rosa Icela Rodríguez, ha anunciado una propuesta presidencial para reformar la Constitución en materia de extorsión, con el objetivo de intensificar las penas contra este crimen. Presentada durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa pretende cambiar la clasificación de la extorsión de un delito contra el patrimonio a uno contra la seguridad e integridad de las personas.
Rodríguez señaló el aumento de la incidencia de este delito, que en enero de este año experimentó un crecimiento del 7.7% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Este aumento subraya la urgencia de tomar medidas más severas contra la extorsión, que afecta tanto al patrimonio como a la seguridad de la sociedad.
La reforma propuesta no solo busca elevar las sanciones para quienes cometan extorsión, sino también ampliar la definición del delito para incluir diversas modalidades, como el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados montachoques, y otras formas de coerción económica ejercidas por grupos delictivos organizados.
Esta iniciativa legislativa persigue recalificar la extorsión como un delito grave o de alto impacto, con el fin de dificultar la liberación de los delincuentes implicados en tales actividades. Además, se contempla modificar la ley contra la delincuencia organizada para incorporar explícitamente el delito de extorsión, facilitando así el desmantelamiento y procesamiento de las estructuras criminales detrás de estos actos.
El gobierno federal espera que los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión respondan favorablemente a esta iniciativa, reconociendo la necesidad de fortalecer las herramientas legales contra la extorsión. La propuesta también tiene como objetivo unificar las sanciones a nivel nacional y asegurar la reparación adecuada a las víctimas de este delito, en un esfuerzo por brindar mayor seguridad y justicia a la población.
