El Gobierno de México no pretende controlar al Poder Judicial ni desaparecerlo; tampoco manipular las decisiones en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN). La reforma constitucional propone principalmente que la ciudadanía elija democráticamente a jueces, magistrados y ministros a fin de limpiar de corrupción al Poder Judicial para que verdaderamente imparta justicia en beneficio de la gente, aclaró la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján.
“La reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía la que participe, el pueblo de México, a través de un proceso democrático, que pueda acudir a las urnas y pueda votar por quien considera son los mejores perfiles”, explicó.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, si fuera intención del Ejecutivo controlar la Suprema Corte, no habría enviado la reforma al Legislativo, de modo que la integración de la SCJN y el procedimiento de selección de 11 ministras y ministros se quedarían tal como están.
En diciembre de 2024, el ministro Luis María Aguilar Morales concluye su periodo; en febrero de 2026 termina el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo; en noviembre de 2027 finaliza el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Alberto Pérez Dayán también terminaría en noviembre de 2027. Bajo el actual sistema corresponderá a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo proponer al Senado a cuatro ministros de la Corte, lo que significa que para diciembre de 2024 habría cuatro ministros de visión progresista, quienes evitarían cualquier declaración de inconstitucionalidad y, a mitad de sexenio, siete de los once ministros en total serían de izquierda, destacó la titular de Segob.
Detalló que esto sucedería porque la ley establece que el titular del Ejecutivo envía una terna al Senado de la República, encargado de elegir la candidatura por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la votación presente.
Las y los senadores pueden rechazar la propuesta. En ese caso, el presidente sugiere otra terna y, si es refutada nuevamente, entonces el titular del Ejecutivo designa directamente a la próxima ministra o ministro de la Corte. Las y los candidatos deben ser abogados con más de 35 años de edad y 10 años de experiencia, sin contar necesariamente con una carrera judicial, como argumenta la oposición.
