Este viernes durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México informó los avances del Plan de Justicia para Cananea, el cual centra uno de sus ejes en las acciones de remediación en la cuenca del río Sonora que, en 2014, fue objeto de un derrame tóxico, considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica del país.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, recordó que, independientemente de los juicios en curso, por instrucción presidencial se instaló en la dependencia a su cargo una mesa de diálogo con la empresa Grupo México —propietaria del complejo minero Buenavista del Cobre S.A. de C.V., responsable del derrame de 40 mil m3 de sulfato de cobre acidulado—, a fin de revisar diferentes problemáticas en la región; en específico, lo relacionado con las tareas de reparación de daños provocados al río hace 10 años.
Cabe señalar que el Plan de Justicia para Cananea tiene diferentes ejes y fue propuesto por el presidente López Obrador en julio de 2021. La mesa de diálogo plantea la implementación del plan en cinco fases; la primera, inmediata, enfocada al suministro de agua.
Con relación a esta etapa, precisó que se avanzó con potabilizadoras y redes de agua potable para abastecer a 24 comunidades con inversión de 295 millones de pesos (mdp).
«La idea es poder iniciar de manera inmediata y garantizar que todas y todos los pobladores tengan acceso a agua limpia, a agua potable; posteriormente, se vería la segunda, tercera, cuarta y quinta fase, que tienen que ver con elementos, no solamente de agua, sino también remediación en suelo y aire.»
En cuanto a los ejes del plan, explicó que el de trabajo digno, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene tres acciones. La primera es el apoyo a mineros retirados, para lo cual se llegó a un acuerdo con el objetivo de crear un fondo que entrega pensión a trabajadores que durante toda su vida laboral se emplearon en la mina de Cananea y no cotizaban ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Detalló que, para dicho fondo, Grupo México aportó 300 mdp; se tienen mil 409 beneficiarios que reciben mensualmente siete mil 572 pesos. Hasta el momento se han dispersado 212 mdp.
La segunda acción es acerca de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Se apoyó por parte de Segob a 405 mineros con la inscripción al IMSS y el pago de cuotas con inversión de 9.5 mdp.
«Lo más importante aquí —enfatizó— es que continúa el diálogo con la empresa Grupo México para llegar a un plan que permita reivindicar esta lucha histórica de más de 800 trabajadores.»
La tercera acción se refiere a los juicios de tres mil 849 trabajadores que han demandado cinco por ciento de las acciones de la empresa que se vendieron en su momento, lo cual está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el segundo eje que es el de atención médica, a cargo del IMSS, se reportan avances significativos: la remodelación completa del Hospital General de Cananea, así como contratación de personal médico y especialista que faltaba en la región y que hoy completa la plantilla para atender las demandas del municipio; el incremento de cinco a 13 consultorios en la Unidad Médica Familiar del IMSS; y la ampliación y remodelación del área de quirófanos del Hospital General de la Subzona/MF No. 12.
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En cuanto al tercer eje dirigido al mejoramiento del entorno, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se realizaron tres obras que acumulan la intervención de 29 mil m2 con inversión de 198 mdp.
Se trata de la rehabilitación de la avenida Benito Juárez, que conecta con la entrada de la mina; la plaza principal, que fue completamente remodelada; y la Casa de Cultura para beneficio de la comunidad de Cananea.
Indicó que, al margen de los avances de las dependencias del gobierno federal en la región, y del diálogo con la empresa, está pendiente de resolverse el juicio civil sobre el fideicomiso para que haya reparación del daño que causó derrame, lo mismo que la denuncia penal presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2023, en contra de Grupo México por lo sucedido en 2014.
