En vísperas de la primera cumbre sobre políticas tributarias de los países de latinoamericanos y caribeños, decenas de relatores de derechos humanos subrayan la importancia de que existan parámetros tributarios comunes para combatir los flujos ilícitos y la evasión fiscal, y llaman a los países de la región a emplear los recursos recaudados en financiar servicios públicos de calidad y garantizar el goce de las garantías fundamentales.
Los próximos 27 y 28 de julio, tendrá lugar en Cartagena, Colombia, la primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, un cónclave ministerial que buscará definir y coordinar una acción conjunta en materia tributaria que facilite el intercambio de información y reduzca la competencia fiscal con el fin de ampliar la recaudación en la región y, con esos recursos, afrontar de forma adecuada las numerosas crisis que asolan a los países.
De cara a la reunión, más de dos decenas de expertos de la ONU en derechos humanos* emitieron este martes una declaración en la que encomiaron la celebración del evento, que cuenta con el respaldo y asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Lee también: CEPAL proyecta una ralentización de la economía regional durante 2023
El grupo de relatores especiales señaló que la iniciativa regional tiene el objetivo de “acordar estándares tributarios comunes para combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal, y otros problemas comunes, como el aumento de la pobreza, la desigualdad y la emergencia climática”.
Recaudación tributaria para servicios públicos
En este sentido, llamaron a los Estados a comprometerse con las negociaciones tributarias regionales para asegurar el máximo de recursos disponibles a la tarea de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a nivel nacional y extraterritorial, además de recaudar fondos suficientes para financiar servicios públicos de calidad, incluida la protección social, la educación y la sanidad, como es su obligación.
También exhortaron a los países a tomar siempre en cuenta las cuestiones de género y a promover un desarrollo incluyente y sostenible.
Para los relatores, la participación de la CEPAL permitiría hacer de la Cumbre una plataforma permanente, transparente e incluyente de toma de decisiones para la cooperación tributaria regional.
Los expertos recordaron a los Estados y a las empresas sus obligaciones y responsabilidades de proteger y respetar los derechos humanos y afirmaron que la reunión es una oportunidad única para que Latinoamérica y el Caribe fortalezcan la coordinación en cuestiones tributarias y aúnen esfuerzos para que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, hacer frente a impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos, fortalecer el acceso a bienes, instalaciones y servicios públicos de calidad, y prevenir y responder a la emergencia climática.
