Ciudad de México – En una carta dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, el gabinete de seguridad del gobierno mexicano expresó su profunda preocupación por las propuestas de reforma para eliminar la prisión preventiva oficiosa. Según el gabinete, esta medida representa una amenaza significativa para la seguridad nacional y la tranquilidad pública.
La carta, firmada por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Gobernación, subraya que la eliminación de este mecanismo jurídico podría resultar en una «extrema vulnerabilidad» para el personal de las fuerzas del orden y del sistema judicial, además de potenciar la corrupción dentro del Poder Judicial.
Los funcionarios argumentan que actualmente hay cerca de 68 mil personas detenidas bajo este régimen, y su liberación podría saturar aún más el ya de por sí cargado sistema de procuración de justicia del país. También señalan la influencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido interpretada por el Poder Judicial para mover esta reforma sin considerar adecuadamente las ramificaciones.
El gabinete hizo un llamado a la SCJN para que respete la Constitución y la división de poderes, evitando excederse en sus competencias y ponderando las graves consecuencias que tal reforma tendría para la seguridad nacional, especialmente en un contexto de alta violencia y criminalidad que enfrenta México.
