Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación, así como a entornos de protección institucional que inhiban comportamientos que atenten contra su integridad, aseguró la senadora Olga Sánchez Cordero, de Morena, presidenta de la Comisión de Justicia.
Por esta razón, la legisladora presentó una iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal, a fin de considerar los delitos de odio cuando se realizan dolosamente en contra de alguna persona.
En la propuesta enviada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, se establece que cuando se cometa un delito doloso en contra de alguna persona, motivado por su edad, género, preferencia o auto adscripción sexual, etnia, condición de discapacidad, religión o raza, será considerado un delito de odio y aumentará hasta en un tercio la pena establecida para este tipo de agresiones.
La reforma también plantea que aumentará la pena hasta en una mitad, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.
Además, establece que se considerará una violación de los deberes de humanidad, cuando se cometa un delito con el propósito de destruir, total o parcialmente, a uno o más grupos por su carácter racial, religioso o de la diversidad sexual.
La senadora de Morena afirmó que resulta preocupante que, a pesar de visibilizar la violencia y comportamientos antisociales, caracterizados por el odio hacia las distintas expresiones de la sexualidad humana, aún se aprecie una alta tolerancia a poner en riesgo la integridad o la vida de las personas con motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género.
Señaló que, de acuerdo con la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, en nuestro país, en el año 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Afirmó que es necesario trabajar e impulsar una agenda legislativa contra los homicidios de personas pertenecientes a dicha comunidad, pues de los cuales se tiene registro en al menos 24 entidades federativas, donde destaca Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México.
En este sentido, indicó que el Estado mexicano tiene el compromiso de actuar en contra de todo tipo de discriminación, y en consonancia con el espíritu de respeto a la diversidad y la democracia.
