Ciudad de México. La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión avanzó anoche en el Senado, luego de que las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el dictamen con modificaciones en 25 artículos. La minuta fue turnada a la Mesa Directiva para ser discutida este miércoles en el pleno, en una sesión vespertina.
La reforma, considerada prioritaria por el gobierno federal, fija un tipo penal base de 15 a 25 años de prisión, perseguido de oficio y con mecanismos de denuncia anónima para proteger a las víctimas. La oposición respaldó los ajustes, en particular el aumento del castigo y la inclusión de 34 agravantes que elevan las penas según la modalidad del delito.
La sanción más alta —hasta 42 años de cárcel— aplicará a quienes extorsionen desde centros penitenciarios, se hagan pasar por integrantes de grupos criminales, sean servidores o ex servidores públicos, o utilicen violencia física o moral, incluyendo los montachoques.
Otras penalidades relevantes incluyen:
– Hasta 37 años cuando las víctimas sean migrantes o se utilice información privada para coaccionarlas.
– Hasta 33 años en casos de cobro de piso a actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, así como exigencias de pago a candidatos o funcionarios electos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, detalló que se fijó una pena de 10 a 20 años para servidores públicos que, teniendo funciones de investigación, procuración de justicia o custodia penitenciaria, se abstengan de denunciar actos de extorsión. En Diputados, esa pena había sido reducida a entre 6 y 12 años.
El dictamen también sanciona con 6 a 12 años de prisión a personas privadas de la libertad que posean celulares u otros dispositivos electrónicos dentro de los reclusorios, así como a funcionarios que faciliten su ingreso, pues estos equipos suelen emplearse para cometer extorsiones.
Durante la votación, senadores de todos los partidos coincidieron en la urgencia de una persecución oficiosa, recordando que 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian por miedo a represalias. La exposición de motivos de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum subraya que una denuncia puede poner en riesgo la vida y el patrimonio de las víctimas, por lo que el Estado debe asumir la investigación sin exigir ratificación.
Carolina Viggiano (PRI) alertó que la extorsión “dejó de ser un delito patrimonial para convertirse en el cáncer que ahoga a millones de mexicanos”, y recalcó la necesidad de recursos y protección a víctimas. Guadalupe Murguía (PAN) coincidió en ese punto. Corral respondió que el presupuesto 2026 ya contempla financiamiento para implementar la ley.
En la discusión, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, afirmó que su bancada es aliada de Morena “pero no palera”, y que apenas comienzan a corregirse las políticas de seguridad. La morenista Guadalupe Chavira le respondió llamando a la “consecuencia”, recordando que el PVEM respaldó previamente proyectos orientados a intereses externos antes de sumarse a la 4T.
La minuta será discutida hoy en el pleno, con expectativas de una aprobación rápida dada la unanimidad en comisiones.
