Ciudad de México.– La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Salud para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad, debido a los riesgos que representan para la salud, especialmente cuando se combinan con alcohol.
Con 401 votos a favor, el dictamen incluye una reserva que faculta a la Secretaría de Salud (Ssa) a determinar qué sustancias y mezclas se considerarán “energéticas”. La minuta fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
La enmienda establece que las bebidas energéticas son aquellas que contienen cafeína, taurina, glucuronolactona, vitaminas del complejo B, azúcar y otros compuestos sintéticos. Se advierte que su consumo puede provocar alteraciones en el ritmo cardiaco, presión arterial, sueño, salud emocional y, en casos graves, consecuencias fatales si se mezclan con alcohol o actividad física intensa.
El diputado Emiliano Álvarez López (Morena) subrayó que el interés superior de la niñez obliga a priorizar su salud: “Las bebidas energéticas se publicitan como inofensivas, pero esconden riesgos que afectan el desarrollo físico, mental y emocional”.
Legisladores de todos los partidos coincidieron en la necesidad de regular estos productos:
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Amancay González Franco (MC) criticó el interés de las empresas por expandir su mercado “a costa del desarrollo de niños y jóvenes”.
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Abigail Arredondo (PRI) alertó que 43% de los consumidores reconocen mezclarlas con alcohol, lo que eleva riesgos cardiovasculares y neurológicos.
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Margarita García (PT) señaló que estas bebidas “ocultan los efectos de la intoxicación alcohólica” y aumentan la posibilidad de accidentes.
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José Luis Fernández (PVEM) celebró que se antepusieran la salud pública y la protección de menores por encima de los intereses económicos de las compañías.
La reserva presentada por Ricardo Monreal (Morena) y Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) permitirá que la Ssa clasifique las bebidas energéticas en la Norma Oficial Mexicana, conforme a estándares internacionales.
Los establecimientos comerciales estarán obligados a verificar la mayoría de edad mediante identificación oficial antes de concretar la venta. Además, las autoridades sanitarias y educativas deberán desarrollar campañas informativas sobre los riesgos de su consumo en menores y grupos vulnerables.
