Con 69 votos a favor y 53 en contra, el Senado aprobó, en lo general, el proyecto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Partidos Políticos; y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Previamente, integrantes de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Senadores fijaron su postura en torno al dictamen que contiene cambios a la minuta que envió la colegisladora.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, señaló que se pueden contar los fraudes electorales que se han cometido a lo largo de nuestra historia, pero sobre todo los últimos dos, en 2006 y 2012, en contra del hoy presidente de México. El Instituto Nacional Electoral, dijo, se parece más a una facción política conservadora que árbitro imparcial. “Por eso, el INE sí se toca”.
Por su parte, el senador Julen Rementeria del Puerto, de PAN, acusó que cuando los integrantes de la mayoría legislativa formaban parte de la oposición no se hubieran atrevido a votar por debilitar al Instituto Nacional Electoral.
Del PRI, el senador Miguel Ángel Osorio Chong llamó a los legisladores “libres a detener este atropello” y votar por sus convicciones, no por mandato del gobierno; subrayó que la democracia no es patrimonio de un partido, sino del pueblo, y que ésta no nació en 2018, sino que es producto de acuerdos.
Israel Zamora Guzmán, senador del PVEM, consideró que lo que ha expresado la oposición no tiene fundamento, pues no hay ningún artículo que hayan señalado que ponga en riesgo la democracia del país.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, enfatizó que esta reforma intenta deliberadamente establecer una hegemonía antidemocrática a partir de la incertidumbre electoral. “Es un traje a la medida de un nuevo régimen que quieren instaurar, de discrecionalidad para partidos, impunidad para candidatos y delincuentes electorales, reglas ventajosas para la mayoría y sus satélites”.
Alejandro González Yáñez, senador del PT, afirmó que el INE no es autónomo, está controlado por una mafia antidemocrática; agregó que más de 80 por ciento del pueblo reclama cambios en el Instituto y en la legislación electoral, para que se acaben para siempre los fraudes electorales.
Por el PES, la senadora Eunice Renata Romo Molina, dijo que hoy el pueblo necesita una democracia auténtica, en la cual todas las voces e ideologías se escuchen y se tomen en cuenta; hoy presentamos una cuarta reforma electoral, que sí atiende la demanda, por lo que “el INE sí se toca”, porque las instituciones son perfectibles.
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Antonio García Conejo, senador del PRD, planteó que el proyecto, además de contravenir la Constitución, facilita el uso de recursos financieros indebidos, de origen desconocido y sin consecuencias serias, ya que no será objeto de pena para el candidato, con lo que se da apertura “no solamente a los recursos ilícitos públicos, sino a la delincuencia organizada y desorganizada”.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, advirtió que con esta reforma se da pie a los peores excesos que se combatían, ya que abre la puerta a una elección de Estado, a un México autoritario, “a la prostitución electoral”, al fraude electoral legal y a que la gente no decida.
Posteriormente, en el debate a favor y en contra del dictamen, el senador Casimiro Méndez Ortiz, de Morena, aseguró que hoy se escucha al pueblo y se le toma en cuenta en las decisiones importantes, lo cual fortalece la democracia.
De Acción Nacional, Juan Antonio Martín del Campo, señaló que se pone que la reforma pone en riesgo de que sean inoperantes las funciones del sistema electoral, y alertó sobre la eliminación del servicio profesional de los servidores públicos en esta materia.
A su vez, Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, denunció que la mayoría legislativa pasará a la historia como unos “tiranos de la democracia, porque están avasallando con el poder que obtuvieron en el 2018”.
El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, declaró que es inconcebible que la oposición que luchó porque se hicieran normas que limitaran la intervención del gobierno, “ahora es gobierno y desea desmantelar el órgano electoral con esta reforma electoral regresiva”.
Joel Padilla Peña, senador del PT, expresó que sus integrantes están convencidos que los cambios y la creación de una nueva ley ayudarán a fortalecer la vida democrática del país, a las instituciones, a los partidos políticos, y garantizará que el árbitro electoral cumpla con su función de manera imparcial.
La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, mencionó que las reformas tienen vicios de procedimiento. Tengo la obligación personal, dijo, de alertarnos sobre un hecho: varias de las decisiones de las reformas planteadas pueden poner en riesgo la organización de las elecciones.
Del Grupo Plural, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo enfatizó que los regímenes democráticos son perfectibles y que se deben cambiarse conforme a las necesidades de la nación; sin embargo, acusó que esta reforma tiene un proceso ilegal.
Luego de las exposiciones a favor y en contra del proyecto, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, dio a conocer que se registraron mil 244 reservas, y el pleno del Senado procedió a su discusión en lo particular.
