Ciudad de México. La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada este miércoles en comisiones del Senado, con más de 70 modificaciones al texto original, pero sin alterar su objetivo central: cerrar la brecha digital, garantizar los derechos de las audiencias y fortalecer la soberanía tecnológica del país.
Con 29 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, el dictamen fue turnado a la mesa directiva del Senado, donde quedó inscrito para su primera lectura, con miras a su votación en el pleno este jueves.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Álvarez Lima, celebró el proceso legislativo como un ejercicio democrático que resultó en un documento “incluyente, robusto y transparente”.
Entre los puntos más relevantes se encuentra la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será reemplazado por la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones (ATDT). No obstante, algunas de sus atribuciones fueron transferidas a la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y a una nueva Comisión Antimonopolios, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Durante la discusión, legisladores del PAN y PRD reconocieron avances en el dictamen, como la eliminación del polémico artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales. Sin embargo, expresaron preocupación por la permanencia de disposiciones que, según señalaron, podrían abrir la puerta a censura encubierta, como el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil y la geolocalización en tiempo real.
El senador morenista Javier Corral respondió que esas medidas ya existían desde la reforma de 2014 impulsada por el PRI y el PAN, y que no han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte.
Otro de los cambios clave fue la reducción de facultades de la ATDT, que pasó de 66 a solo 14 atribuciones, y la transferencia de la aplicación de sanciones a concesionarios a la Comisión Antimonopolios.
Además, se incorporó al dictamen la prohibición expresa a concesionarios y plataformas digitales de transmitir publicidad o propaganda de gobiernos extranjeros, salvo en casos de promoción cultural o turística.
El dictamen también fortalece a los medios sociales, indígenas, comunitarios y afromexicanos, permitiéndoles comercializar hasta el 70 por ciento de su tiempo de transmisión, y reconoce los derechos de las audiencias y de sus defensores.
El senador Álvarez Lima subrayó que el dictamen busca acabar con la desigualdad en el acceso a internet: “Este nuevo marco legal asegura que ningún mexicano quede excluido del acceso a la conectividad”.
