El senador Javier Corral Jurado destacó que organizaciones civiles, académicas y diversos actores de la sociedad se han comprometido y coincidido en la importancia de actualizar y modernizar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como lo solicitó a México el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante la segunda jornada del Parlamento Abierto “Reformas para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”, el presidente de la Comisión de Justicia precisó que, en ese sentido, se evaluarán las propuestas de modificación o adición que las organizaciones hagan para la iniciativa que reforma dicho ordenamiento.
Explicó que habrá respuesta puntual a cada una de esas propuestas, ya sea que se coincida con ellas o no, además de que las y los senadores consultarán con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la viabilidad técnica de los planteamientos de modificación a la norma, cuando sea necesario.
Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, órgano que en conjunto con el de Justicia dictaminará la iniciativa, consideró que las opiniones técnicas de las organizaciones invitadas al parlamento ayudarán a generar un instrumento que “unívocamente” contribuya a la meta del Estado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
“Una ley es tan buena como la capacidad que tenga de ser ejecutada y ser implementada; si no está en congruencia con los fines que busca, pudiera al final hacer inviable su propósito o, cuando menos, hacerlo menos viable”, expresó a los expertos invitados al parlamento abierto celebrado en el Senado de la República.
Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, opinó que la iniciativa presentada el pasado 22 de enero, cumple con las solicitudes de actualización que el GAFI hizo a México; sin embargo, propuso a los legisladores “tropicalizar” los requerimientos de ese organismo para adaptarlos a la realidad y necesidades particulares de nuestro país.
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Alonso Ibarra Arellano, tesorero de la consultora internacional World Compliance Association, consideró que la enmienda a la norma debe tomar en cuenta las particularidades y diferencias de cada giro empresarial, como por ejemplo casinos o constructoras, para que se adecuen a ellos las obligaciones legales y éstas no impliquen requerimientos imposibles para cumplir con el combate lavado de dinero.
En ese mismo sentido, Eduardo Manuel Ruiz Orozco Pérez, presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Correduría Pública, solicitó que el sistema de sanciones y cumplimientos de la norma sean amigables. Raúl Valencia del Toro, de esa misma institución, detalló que al hacer esto, las empresas y los comerciantes podrán cumplir con el apoyo que les solicita el gobierno federal.
