A través de una iniciativa, el diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) planteó adicionar un capítulo I Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), con el propósito de dar certeza legal a los objetivos de la Política Nacional de Juventud.
Sugiere que en ese capítulo, denominado “De la Política Nacional de Juventud”, conformado únicamente por el artículo 6 Bis, se precise que “el Instituto coordinará la Política Nacional de Juventud, la cual será definida en congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales y especiales que correspondan”
Agrega que el programa contenido en la Política Nacional de Juventud tendrá por objetivos garantizar acciones para el bienestar de las personas jóvenes, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos, asegurar su inclusión e igualdad efectiva de oportunidades, y procurar su participación en los asuntos públicos.
Asimismo, garantizar su emancipación como medida que contribuya a la construcción de su autonomía, procurar mecanismos que garanticen su derecho a vivir en paz y libres de violencia, y promover la generación de entornos adecuados y habitables para su desarrollo integral.
En su exposición de motivos, el diputado explica que la ley en comento determina que el Imjuve define e instrumenta la Política Nacional de Juventud, lo cual ha sido cumplimentado en sus términos; sin embargo, “tal disposición tiene un carácter de normatividad administrativa, sujeta por esta condición a eventuales modificaciones repentinas”.
“La presente iniciativa, que atiende y responde a inquietudes legítimas de grupos de jóvenes, propone adicionar un capítulo a la ley, donde estén preceptuados expresamente y ocurra así un cumplimiento cabal de los objetivos contenidos en el programa de juventud”, destaca.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Juventud para dictamen, señala que en México un tercio de la población total del país son personas jóvenes y se trata de un segmento que requiere de mayores oportunidades y condiciones que les garanticen el goce pleno de sus derechos, con la aplicación de políticas públicas que les asegure alcanzar así su desarrollo integral.
Estas políticas públicas deben poner en el centro las necesidades de la juventud, mismas que le garanticen a este grupo poblacional mecanismos articulados de atención a requerimientos elementales en los aspectos de salud, educación, capacitación, empleo y alimentación.
Indica que las personas jóvenes demandan que sean instrumentadas acciones públicas direccionadas a su integración cada vez más plena al desarrollo nacional, donde logren insertarse en el conjunto de diversas oportunidades.
Destaca que su inclusión en todos los órdenes del desarrollo y crecimiento personal representará oportunidades para un mejor modo y nivel de vida en el presente y el día de mañana, no únicamente para ellos sino para toda la sociedad en su conjunto.
También, menciona que se necesitan iniciativas y mecanismos públicos de atención efectivos y medibles, procurar para la juventud mayores y mejores oportunidades de formación académica y capacitación para el desarrollo de habilidades, de tal manera que accedan a las oportunidades del mercado laboral en mejores condiciones de aptitud.
Señala que constituyen un grupo de población determinante para el futuro y su integración al desarrollo debe estar garantizada con oportunidades, cumplimentando así sus derechos fundamentales, bajo la premisa de que su atención e integración es y debe ser un asunto estratégico para el bien común.
