El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó que entre los retos legislativos para 2025 está concluir con las cuatro reformas constitucionales que restan, así como entre 40 y 50 leyes reglamentarias, algunas nuevas y otras adecuaciones derivadas de las reformas constitucionales que ha venido haciendo el Congreso de la Unión.
Indicó que queda un buen cúmulo de leyes reglamentarias que se quiere deliberar, discutir, analizar y, en su caso, aprobar hacia febrero y marzo de 2025.
Sobre las modificaciones a la Ley del Infonavit recordó que se está revisando, se dio una pausa y no va a haber periodo extraordinario en lo que resta del año, para que entrando 2025, a través de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, se dé una revisada al tema.
Comentó que en este periodo y después del 6 de enero se va a escuchar a empresarios, sindicatos y a aquellos interesados en esta ley, así como las cámaras, los industriales.
Aclaró que lo que se quiere es construir una ley que derrote a la corrupción, las malas prácticas y ayude a la población, a los derechohabientes y al desarrollo del país, en la construcción de vivienda digna y adecuada para mexicanos y mexicanas trabajadoras.
“Tengan confianza. El hecho de haberlo pospuesto habla de una actitud sensible a los reclamos de varios sectores y vamos a escucharlos. El hecho de hacer una pausa y estar en un proceso de reflexión y escuchar a los sectores, implica que pueda sufrir modificaciones el dictamen que nos envió la Cámara de Senadores”, agregó.
Les dijo a los derechohabientes que no se preocupen y que hay una desinformación, ya que “no está en riesgo un solo centavo de los derechohabientes y ahorradores en este sistema del Infonavit; está a salvo y está resguardado por la ley. No se preocupen y antes de aprobar esta ley, vamos a escuchar a los sectores y vamos a reflexionarla bien”.
Sobre el tema de violencia, Monreal Ávila externó su confianza en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que ha estado actuando de manera correcta y reconfigurándola, así como reforzando la estrategia que el presidente López Obrador diseñó atendiendo las causas y con labores de inteligencia, coordinación interinstitucional y eficacia en los operativos.
Además, relató, con los nuevos instrumentos jurídicos y constitucionales, puede ser más efectiva la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra la delincuencia común.
Puntualizó que el gobierno no puede hacer ningún acuerdo ni pedir tregua alguna contra el crimen organizado, pues “ellos delinquen y lo único que tiene que hacer el Estado es perseguir los delitos y sancionarlos. El Estado mexicano, ni ninguna autoridad puede pactar con el crimen organizado”.
