Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó las reformas constitucionales que buscan prohibir y sancionar las actividades relacionadas con vapeadores y el uso ilícito de fentanilo.
Senadoras y senadores del PAN, del PRI, MC y Morena presentaron reservas para modificar el dictamen, sin embargo, la asamblea no las aceptó y el documento quedó en sus términos, por lo que, con 86 votos a favor y 39 en contra, fue aprobado en lo particular y enviado a las legislaturas de los estados.
El proyecto plantea adicionar un párrafo quinto al artículo 4o. y un párrafo segundo al artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en busca que se garantice el derecho de protección a la salud de las personas, por lo que se sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley.
De la misma forma, se prohíbe y sanciona la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
Además, queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada con dichos temas.
A nombre de las comisiones de Salud, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez aseguró que las reformas no sólo abarcan la protección de la salud, sino también el fortalecimiento de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.
Con el proyecto, subrayó, se deja testimonio claro de la posición del Estado mexicano frente al concierto internacional, de que la protección y el bienestar de todas las personas son la razón de ser de las instituciones en nuestro país.
Por su parte, Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, indicó que, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 938 mil adolescentes han usado alguna vez un vapeador y 160 mil lo consumen, por eso la intención de la reforma es proteger la salud de los menores; mientras que del fentanilo establece que estará prohibido en su uso ilícito, pero se utilizará en su forma médica.
De Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés dijo que esta reforma es “un monumento a las aberraciones”, porque a través de ella se busca mandarle un mensaje a Donald Trump respecto de la crisis de fentanilo que tienen los estadounidenses. Subrayó que en el dictamen se debe cambiar la palabra “prohibición” por la palabra “regulación” y así construir una ley secundaria responsable y útil para el país.
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La senadora del PRI, Karla Guadalupe Toledo Zamora expresó que se deben promover políticas realistas y responsables, mediante la aprobación de una legislación que regule de forma adecuada, ofrezca control, seguridad y beneficios para la sociedad sobre el uso de vapeadores, porque la prohibición sólo creará un mercado negro, fortalece el crimen y pone en riesgo a la población.
En tribuna, María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, manifestó que es imprescindible tomar acciones contundentes para inhibir y evitar que los cigarrillos electrónicos y sus consecuencias a la salud se extiendan en la juventud. Es fundamental, apuntó, que se aprueben reformas que garanticen el desarrollo y bienestar de las juventudes de México.
Lizeth Sánchez García, del PT, expresó que los vapeadores contienen sustancias químicas que dañan gravemente los pulmones, el corazón y el sistema nervioso, lo que representa “un riesgo invisible” que pone en peligro la salud de los mexicanos, así como el fentanilo. Por ello, esta reforma es un paso decidido para garantizar un futuro más saludable para toda la sociedad, porque está encaminada a reducir el impacto de enfermedades, adicciones y violencia.
En tanto, Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, expresó que ante la prohibición del comercio de cigarrillos electrónicos la oferta se desplazará al mercado negro, lo que fortalecerá el crimen organizado y expondrá a los consumidores a productos de baja calidad. Además, señaló, con la reforma se utiliza la Constitución Política para enviar un mensaje político a nuestros vecinos del norte respecto al fentanilo.
