Senadoras y senadores de la república analizan en el pleno el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar un esquema de apoyos para el bienestar de la población en condición de vulnerabilidad.
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, dijo que es fundamental elevar a rango constitucional los programas sociales, para que sean derechos inalterables, inalienables e inobjetables.
Se trata, agregó, de una de las reformas constitucionales “más nobles” que se hayan tratado en la historia del Congreso, porque “versa sobre el corazón del Estado”.
La legisladora enfatizó que, de esta forma se garantiza que los programas sociales sean universales, ya que pasan a constituir un derecho para todas y todos los mexicanos, sin importar “por qué partido se vote o si las personas apoyan a determinado perfil político”.
Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que la enmienda “representa un paso gigantesco” para definir el tipo de Estado que se busca en México: uno donde los derechos de las personas, especialmente de aquellas que sufren de carencias, por fin sean reivindicados al incluirlos en la Carta Magna.
“Estamos en la ruta de revertir 36 años de la noche oscura del neoliberalismo; esta reforma revierte las políticas excluyentes y consolida un Estado que hace de la política social, el espacio para garantizar los derechos de todas y de todos”, agregó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que los programas de bienestar se fondearán con lo obtenido a través del combate a la corrupción y la evasión fiscal, y que no hay posibilidad de que se usen con fines electorales, al estar garantizados universalmente en la Constitución.
Además, celebró que la enmienda haya sido aprobada por unanimidad en las comisiones encargadas de su dictaminación, y que sea la quinta reforma a la Carta Magna que el pleno cameral también avale por consenso, en lo que va de la actual legislatura.
El proyecto está encaminado a garantizar un estándar mínimo de desarrollo para las personas con discapacidad, personas adultas mayores, campesinos y pescadores del país.
El dictamen establece el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada.
Además, plantea que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva y permanente a las personas con discapacidad menores de 65 años, mientras que a todas las personas mayores de 65 les corresponderá una pensión no contributiva de adultos mayores.
Con la reforma, el Estado deberá garantizar la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años.
Para tal efecto, se precisa que se destinarán anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, por lo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Asimismo, en el documento también se subraya que el Estado garantizará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala.
