El pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para integrar el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, que revisará el perfil de las y los aspirantes que participarán en la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.
Con 75 votos a favor y 40 votos en contra, la Cámara de Senadores designó como integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal a Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Reper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.
El acuerdo fue remitido a la Cámara de Diputados para que continúe su trámite legislativo y para que, a más tardar el 31 de octubre de 2024, pueda quedar instalado el Comité de Evaluación.
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El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, refirió que la Constitución Política establece que cada Poder de la Unión debe integrar un Comité de Evaluación, para la selección de candidaturas que participarán en la elección de los distintos cargos que integran el Poder Judicial de la Federación.
Recordó que la Cámara de Senadores recibe las declinaciones de las personas juzgadoras que no buscarán participar en los comicios.
En ese sentido, dio a conocer que, hasta las 12:32 horas, el Senado ha recibido la declinación de 78 juezas y jueces, y de 181 magistrados y magistrados; así como 15 juezas y jueces que, si bien declinan a participar en la responsabilidad que hoy tienen, aspirarán a un cargo diferente al que ostentan; además, de 16 magistradas y magistrados que están en la misma condición.
Enrique Inzunza Cázarez, de Morena, dijo que al Senado de la República le corresponde acatar la norma constitucional que le ordena integrar el Comité de Evaluación, el cual tiene a cargo el proceso de valoración de la idoneidad profesional y ética de quienes aspiran a ser personas juzgadoras. Por eso, a la Constitución Política se “le asume como ley fundamental o se pretextan argumentos pueriles”.
Al hablar en contra, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, aclaró que su grupo parlamentario no coincide del todo con la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara; aunque sí comparten que la Corte es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad de una reforma, y que el Legislativo no es el Constituyente de 1917, sino el Poder revisor que debe respetar principios fundacionales y derechos humanos.
