Las comisiones de Puntos Constitucionales, Bienestar y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, a fin de asegurar apoyos sociales a la población en condición de vulnerabilidad, y así garantizarles un estándar mínimo de vida y desarrollo.
Los órganos legislativos que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina, Andrea Chávez Treviño y Enrique Inzunza Cázarez, respectivamente, avalaron sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado, con 39 votos a favor.
Entre los beneficios que plantea el dictamen se establece el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada.
De acuerdo con el dictamen, la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, mientras que, a todas las personas mayores de 65, les corresponderá una pensión no contributiva de adultos mayores.
El documento indica que el Estado deberá garantizar la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años.
Para ello, se destinarán anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, a fin de asegurar los derechos establecidos en este artículo, por lo que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
El dictamen también subraya que el Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de:
Un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala.
Además, el proyecto establece que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.
Al presentar el dictamen, Andrea Chávez destacó que la propuesta representa un paso fundamental en la promoción, reconocimiento y protección de la dignidad de aquellos grupos “históricamente marginados, y que hoy más que nunca reciben la protección del Estado mexicano”.
Afirmó que las reformas constituyen un avance importante para construir un México fraterno, justo y digno para todas y todos, además de que se le da un mensaje claro a cada mexicana y mexicano de que la dignidad no es negociable.
“Se trata de un acto de justicia social, de fraternidad y sobre todo de amor incondicional al pueblo de México”, concluyó.
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Por Morena, Raúl Morón Orozco afirmó que el proyecto otorgará más acceso a la justicia social, principalmente para aquellos grupos que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, ya que obliga al Estado a garantizar estados de bienestar para las mexicanas y mexicanos adultos mayores, con alguna discapacidad, campesinos y pescadores.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, expresó que las reformas, efectivamente representan un acto de justicia social, “pero debemos tener claro que eventualmente necesitamos caminar” hacía un sistema de seguridad social universal, porque lo ideal es que todas y todos los mexicanos tengan acceso a los mismos derechos.
Claudia Edith Anaya Mota aseguró que la bancada del PRI está a favor de ampliar los derechos en la Carta Magna, no obstante, propuso hacer precisiones en la redacción de la reforma para evitar que se invadan las facultades de las entidades federativas y que éstas puedan implementar sus políticas sociales con independencia de las del Gobierno Federal.
Del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo consideró que esta enmienda constitucional forma parte de una visión humanista del país y “claramente antineoliberal”, que ya no deja al mercado la solución de los problemas en México, porque “lo único que generó el mercado fue una mayor distancia entre ricos y pobres”.
Alejandro González Yáñez, del PT, manifestó que con la reforma a los artículos 4 y 27 de la Carta Magna, México se acerca a la meta del “ingreso universal incondicional”, es decir, el ingreso básico necesario para el bienestar de las familias mexicanas.
En su oportunidad, Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, consideró que México requiere de un Estado de bienestar que garantice los derechos de todas las personas, y no de un gobierno que otorgue recursos, programas o políticas públicas con una visión “clientelar o de filantropía”.
